Hacia una modernización de la Administración de Justicia

La crisis provocada por el COVID – 19 ha acentuado más si cabe la congestión que la Administración de Justicia venía sufriendo desde hace ya algunos años; por ello, buscando solventar dicha situación ha visto la luz el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia que sitúa –más si cabe- al justiciable como protagonista, y que plantea las siguientes cuestiones:

Se establece la obligatoriedad de acreditar haber acudido a algún medio extrajudicial de resolución de conflictos –mediación, negociación u opinión de experto independiente entre otros- como requisito previo a la interposición de una demanda en las jurisdicciones civil y mercantil, cuya novedad más relevante es el hecho de que los acuerdos alcanzados en su caso en sede extrajudicial tendrán la condición de cosa juzgada, adquiriendo la condición de título ejecutivo tras su elevación a público u homologación judicial.

Continúan las reformas al ampliarse el ámbito del juicio verbal, por razones tanto de cuantía como de materia, potenciando además –bajo criterio de cada Juez- la posibilidad de dictar sentencias orales en determinados procedimientos. Estas medidas, sin duda, agilizarán multitud de litigios, así como supondrán un menor volumen de costes judiciales para las partes.

Adaptando la Justicia a los tiempos actuales se plantea la posibilidad de celebrar vistas y declarar en procedimientos a través de videoconferencia, así como apoderar telemáticamente a profesionales jurídicos, lo que se limitará un gran número de desplazamientos en muchos casos innecesarios.

A la espera de su desarrollo, lo cierto es que nos encontramos ante un nuevo escenario de resolución de conflictos en el que jugarán un papel fundamental tanto la disposición de las partes a alcanzar un acuerdo como los diferentes profesionales que intervengan en dicho proceso, que comenzará, por imperativo legal, fuera de los Juzgados.

Fdo. Marcos Francoy

PAJARES & ASOCIADOS ABOGADOS