Opamianto, la marca que impulsa Oria, Pajares & Asociados, gestiona reclamaciones de afectados por amianto en toda España

A nivel de fallos judiciales destaca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que condenó a una empresa a pagar 700.000 euros a la familia de un fallecido por amianto. Foto: EP.

Luis Javier Sánchez | 02 octubre, 2020

Opamianto es un despacho español que lleva 15 años en reclamaciones que tienen por objeto la búsqueda de la mejor compensación para los afectados por la exposición al amianto y sus familias. El nombre recoge las iniciales de dos de sus socios Román Oria y José Pajares a los que se ha incorporado la abogada Andrea Peiró.

Con oficinas abiertas en Madrid y Zaragoza, y gracias a la colaboración que mantienen con el despacho estadounidense Seeger Weiss SLP, cuenta con una larga trayectoria en lo que a la obtención de indemnizaciones a nivel nacional concierne. “En estos momentos estamos tramitando medio centenar de asuntos”, afirma Pajares.

Este bufete lleva muchos temas relacionados con amianto, no solo reclamaciones de trabajadores contra Uralita, ahora en concurso de acreedores, sino también de militares con el Ministerio de Defensa y otras empresas que no son las típicas.

Así, explica que hay afectados de otros sectores empresariales como la fontanería en Zaragoza, “lo que ha hecho que tengamos que pleitear contra el Ayuntamiento de esta localidad”, o trabajadores procedentes de centrales nucleares o en torres de refrigeración.

“Se ha diversificado mucho el perfil de afectado de una enfermedad que aparece a lo largo de los años en estas personas que han estado expuestos al mismo en su carrera profesional”, aclara Andrea Peiró.

De hecho también llevan temas fuera de España, “en países como México, Colombia o Argentina donde Mariano Acevedo, presidente de una de las asociaciones de afectados de ese país, nos sirve de canalizador para atender dichas reclamaciones. Este tema aún está menos maduro que en nuestro país”.

A nivel de fallos judiciales destaca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que condenó a una empresa a pagar 700.000 euros a la familia de un fallecido por amianto. Es la mayor indemnización lograda en nuestro país en un tema de amianto.

El fallo hablaba de 500.000 euros para la viuda y el resto para los hijos. Con posterioridad, el Supremo no admitió a trámite el recurso de casación. Fallos judiciales de este tipo se pueden consultar en la web de Opamianto.

Sobre los afectados que hay en España, Peiró explica que pese a que no hay datos oficiales, hay muchos. “En estos años los juzgados ya saben de lo que estamos hablando. En ciudades como Madrid y Barcelona se conoce muy bien el problema y cómo afecta a los trabajadores y a sus familias”.Andrea Peiró, abogada.

En junio de 2002 entró en vigor la prohibición de fabricar productos que contuvieran amianto. En diciembre de ese mismo año, se restringió por completo su producción, comercialización y la instalación de amianto y materiales que lo contuvieran por la presencia de propiedades cancerígenas.

Para esta jurista, “es fundamental estar bien asesorado en el momento que uno tenga problemas con el amianto. Hay que darse cuenta que desde el momento que uno conoce realmente que es afectado por este problema tiene un año para reclamar e interponer una demanda, salvo que fallezca. Si fallece empieza a contar desde ese fallecimiento. Ese año pasa muy deprisa realmente, lo hemos visto con muchos casos”.

La cuestión principal es tener la información adecuada sobre su estado de salud y realizarse un buen reconocimiento médico que pueda ratificar que esa persona tiene síntomas por haber estado en contacto con amianto en los últimos años. “A partir de ahí, con la información en la mano hay que saber lo que uno quiere y reclamar”.

Detección de la enfermedad

En cuanto a la detección de la enfermedad Peiró señala que “siempre pasan unos años tras haber estado expuesto al amianto. En algunos casos puede llegar a pasar unos veinte años aproximadamente”. El caso de Metro de Madrid y sus trabajadores es un ejemplo de ello.

A nivel de Seguridad Social, si el médico de cabecera es diligente puede suscribir que estamos ante una enfermedad profesional. “Si eso se logra puede tener una mayor indemnización y pedir un aumento de la pensión por el llamado recargo de prestaciones”, apunta Peiró.

Si ese profesional ha trabajado en un sector donde claramente hubo amianto es más sencillo que en otras circunstancias lograr ese reconocimiento. En muchos casos por  síntomas avanzados procedentes del mesotelioma.

El mesotelioma es un tipo raro de cáncer causado por la exposición al amianto y hasta hace poco era un misterio y una enfermedad incurable.

Sin embargo, en las dos últimas décadas, médicos, científicos e investigadores han empezado a resolver este misterio ayudando a la gente a diagnosticar el mesotelioma en sus etapas más tempranas, descubriendo nuevas formas de tratamiento, más recursos e información que permita afrontar la enfermedad y ofreciendo cierto optimismo en cuanto a la incierta esperanza de supervivencia.

Hace unos días supimos que Metro de Madrid indemnizará con 193.054 euros a la mujer e hija de un trabajador que falleció en 2018 tras serle reconocida una incapacidad permanente derivada de una enfermedad profesional a causa de la exposición al amianto, el primer acuerdo al que llega la compañía pública con familiares de empleados afectados.

De la indemnización por “los daños y perjuicios” provocados por la muerte, 136.298 euros corresponden a su viuda y 56.755,32 euros a su hija.

Ambas partes se comprometen, además, a pedir el archivo de los procedimientos judiciales que se habían iniciado en relación con el pago de dicha indemnización y el porcentaje aplicable al recargo de las prestaciones de la Seguridad Social, desistiendo de sus respectivas demandas.

Por una ley integral del amianto

En estos años se han puesto en marcha distintas asociaciones de afectados por el amianto. El pasado mes de junio el arquitecto técnico y técnico de prevención de riesgos laborales Antonio Bernardo y el auditor de Tribunal de Cuentas Leonardo Visconti presentaron al Gobierno central un manifiesto para un proyecto de ley integral del amianto, respaldado por 21 colectivos de varias comunidades y por siete particulares, entre ellos, los dos citados.

La propuesta exige una ley con un sistema que detecte de manera precoz las enfermedades vinculadas al amianto, como el mesotelioma pleural, un tipo de cáncer exclusivamente asociado a su exposición.

Sus impulsores también solicitan ayuda y asistencia social a las personas afectadas, exigen invertir en investigación pública y privada.

Al mismo tiempo insisten en la obligatoriedad de que las empresas que trabajaron con este material hasta su prohibición se inscriban en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), las que cerraron pero lo usaron y las que ahora se han especializado en este mineral para eliminar y tratar.

Otra reivindicación es la de elaborar un censo de lugares en España que contienen amianto, además de confeccionar planes de desamiantado y de control de estos residuos, todo ello con financiación procedente de los diferentes estamentos públicos y el sector privado.

Desde la Asociación de Víctimas del Amianto (AVIDA), Juan Carlos Paúl, su presidente, explica que el tema es grave por la presencia de la fábrica de Uralita en Getafe, lo que “ha provocado que a día de hoy sigan llevándose a cabo juicios contra la empresa por las graves enfermedades que trabajadores y familiares han contraído provocadas al inhalar el polvo de amianto que llevaba al hogar familiar impregnado en la ropa de trabajo”.

Para José Pajares “la situación ha mejorado respecto a años anteriores, pero va a impulsos en nuestro país. No hay voluntad política para que exista un fondo, como se ha hecho en Francia, para cubrir las indemnizaciones de todos estos afectados. En estos momentos es complicado. La ley integral permitirá un tratamiento uniforme pero donde hay que trabajar es en la prevención y en reconocer su peligrosidad”.

Estos temas son algo largos a nivel judicial, “si hay un único causante, como puede ser un ayuntamiento se puede tramitar en algo más de un año, pero si en ese asunto confluyen varios interlocutores u operadores hay que citar a todos. De tal forma que hay asuntos que se retrasan a los tres y cuatro años por falta de uno de los actores. Habría que buscar la fórmula de que fueran más ligeros”, aclara.